*Van por sus padres: Yolanda Angulo y Roberto Borge Martín
*Fueron los principales beneficiados por su vástago
*Están señalados como prestanombres y lavadores de dinero sucio
*Su tío Miguel Borge Martín, también ex gobernador, fue señalado como represor y perseguidor de periodistas.
*STAFF SOL QUINTANA ROO*
COZUMEL.-El imperio “Borgista”, establecido desde hace más de 30 años, cuando Miguel Borge Martín llegó a la gubernatura de Quintana Roo y transformó a miembros de la familia Borge en funcionarios de primer nivel, impulsando a su sobrino “Betito” también como gobernante, llegó a su fin y ahora la Fiscalía General del estado y la Procuraduría General de la República, van por Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, señalados como dos de los principales beneficiados por su hijo, Roberto Borge Angulo.
Borge Angulo está confinado en el CEFEREPSI del estado de Morelos (una cárcel para internos con problemas de salud mental), bajo prisión preventiva oficiosa, hasta que el juez federal del Estado de México que lo vinculó a proceso, resuelva su situación jurídico-legal, cuyo plazo se vence en 40 días, aproximadamente.
Como se ha difundido ampliamente, Roberto Borge Angulo ha sido señalado como uno de los más voraces saqueadores de Quintana Roo,, después del también ex mandatario y ahora senador, Félix Arturo González Canto, capaces de apropiarse ilegalmente de selvas, islotes, hectárea, cenotes, inmuebles, predios, empresas, etcétera, para “vendérselas” al uno por ciento de su valor a familiares (sus padres), colaboradores y amigos que sirvieron como sus testaferros para “blanquear” miles de millones de pesos.
La suerte de Borge Angulo está prácticamente echada y sólo se espera que el juez de la causa lo vincule formalmente a proceso y comience el juicio en el que se le acusa, al menos de un desvío de 900 millones de pesos, aunque de manera extraoficial se habla de más de 5 mil millones de pesos.
Como lo señalamos línea arriba, sus padres Roberto y María Rosa fueron los más beneficiados con los fraudes y estafas cometidos por su hijo Roberto, pero de manera hábil han logrado evadir a la justicia, mediante amparos y otras maniobras legaloides que les sirvieron para burlar la ley, aunque ahora con las nuevas y recientes disposiciones judiciales, se estima que en breve los progenitores de Borge Angulo tendrán que responder a las imputaciones que se les hace, desde la rejilla de prácticas, pues amos están considerados como prófugos.
En el caso de la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla, al quedar sin efecto el amparo 300/2018, en el que solicitaba le fueran devueltos diversos bienes embargados y la protección del Poder Judicial para evitar ser detenida, la Policía Ministerial de Quintana Roo y personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, adscrita a la SEIDO, pueden aprehenderla en cualquier momento, junto con Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, quien desde su cargo participó activamente para consular los latrocinios de su jefe.
Tras el fallo judicial de la negativa de amparo del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal, con sede en el Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través d un comunicado, solicitó la cooperación de la ciudadanía de Quintana Roo y de las autoridades federales para que aporten todo tipo de informes para tratar de averiguar la ubicación de María Rosa y de Claudia.
Ambas, están relacionadas en sendas investigaciones por la compra-venta fraudulenta de varios predios propiedad del Estado en la Isla de Cozumel los cuales fueron adquiridos a precios irrisorios cuando Borge Angulo, gobernaba el estado.
Como resultado de las primeras indagatorias, a María Rosa se le embargaron hace varios meses, un total de 22 propiedades que forman parte del patrimonio de Quintana Roo, con el objeto de resarcir el daño patrimonial, para lo cual la mujer se había amparado a fin de recuperar los bienes asegurados y, sobre todo, no ser detenida y de esa manera evitar enfrentarse a la justicia.
Es decir que la madre del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a sabiendas de que era investigada por la adquisición de predios en forma ilícita, se aferró a las propiedades señaladas como prueba del delito y promovió un juicio de amparo el 23 de mayo de 2017, que en principio la protegió, como suspensión provisional, hasta la negativa formal del recurso solicitado.
La señora Angulo Castilla, fue una de las más beneficiadas con la adquisición de 22 predios cedidos por su hijo con una extensión de 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados, es decir, dos veces Isla Mujeres y 10 veces Xcaret extensión, originando un quebranto al erario de más de 900 millones de pesos.
La mujer adquirió en Cozumel un predio de 111 mil 763.81 metros cuadrados en 15 millones de 367 mil 523 pesos, cuyo valor real es de 112 millones, 773 mil 439 pesos, por lo que su ganancia fue de 97 millones 405 mil 915 pesos, propiedad que cedió a la empresa Ziyenat del Caribe, cuyos accionistas eran César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge y María de Lourdes Pinelo Nieto, operadora financiera de Borge Angulo.
Otro predio, según consta en averiguaciones, lo adquirió en Cozumel con una extensión de 47 mil 638.79 metros cuadrados por el que pagó 6 millones 553 mil 583.93 pesos, y que tiene un valor comercial de 51 millones 37 mil 303.14 pesos.
Asimismo, durante las diligencias en las que se vinculó a proceso al ex gobernador, se señaló que la madre del ex funcionario es accionista de diversas empresas fantasma.
En lo referente a Roberto Borge Martín, progenitor del ex mandatario, a quien no se le ve desde el miércoles 21 de febrero, cuando se registró un estallido en la cabina del ferry Caribe I, que ya había atracado en el muelle de Playa del Carmen y que después se descubriría que se había tratado de un atentado.
La empresa Barcos Caribe que desde febrero de 2015 cubría la ruta de Cozumel a Playa del Carmen, con un mercado de 4 millones de usuarios al año, fue fundada por la familia Borge y el ex gobernador Félix González Canto y como Borge Angulo era quien detentaba el poder, otorgó toda clase de concesiones y privilegios a la empresa de su amigo, patrón y socio, González Canto con el 51 por ciento de las acciones y de las familias Borge Martín y Borge Angulo, con el restante 49 por ciento.
Así, el negocio comenzó a crecer y pudieron comprar otras embarcaciones, hasta que el Sistema de Administración Tributaria los descubrió y les impidió continuar con sus planes ya que no pudieron demostrar el origen lícito del dinero con el que realizaban sus operaciones. En consecuencia, uno de esos ferrys estuvo varado por meses en Australia hasta que finalmente fue vendido a otra firma.
Lo que terminó por darle la puntilla a la empresa naviera, fue el sabotaje montado que pretendieron hacerlo parecer como un atentado terrorista o un acto de la delincuencia organizada, a fin de darle una mala imagen al gobierno estatal en materia de seguridad.
Cabe recordar que antes se registraron bloqueos, asaltos violentos a tiendas departamentales y una serie de hechos que tenían como objetivo desestabilizar al estado.
Como antecedente del caso, cabe recordar que el lunes 19 de febrero el Servicio Náutico descubrió un objeto que flotaba en el mar, a 800 metros de las costas de Cozumel. Lo reportaron a la estación de Búsqueda y Rescate del Sector Naval y lo recuperaron entre las aguas del hotel Cozumel & Resort y el Faro de la Caleta. En la Secretaría de Marina confirmaron que se trataba de un artefacto explosivo, armado con PVC y un mecanismo para activarlo a control remoto.
Dos días después se registró el estallido en la embarcación que dejó un saldo de 24 heridos, cinco de ellos norteamericanos. Se propaló el hecho de que un grupo criminal, autollamado el Cártel de Pumba y Taca, se había atribuido el atentado mediante una manta colocada a las afueras de la iglesia de la colonia San Miguel 2, en Cozumel. En el mensaje también se lanzaron amenazas contra la alcaldesa del municipio, Perla Tun Pech.
Fuentes de la PGR y de la Fiscalía, puntualizaron que es la primera vez que se menciona a dicha organización criminal, completamente desconocida, por lo que descartan su existencia y, por ende, su autoría, con lo que se robusteció la teoría del autoatentado.
En uno de los videos que ya se encuentran en poder de las autoridades que investigan el caso, entre ellas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), dado que entre los lesionados hubo cinco norteamericanos, se observa a un tipo de gorra con una mochila en las espaldas y una maleta pequeña color aluminio que se hace de palabras con la tripulación al tratar de subir a la nave ya que no lo dejaban pasar.
Tras la discusión, el sujeto logra su cometido y la embarcación inicia su travesía rumbo a Playa del Carmen. Cuando el ferry atraca en el muelle fiscal de Playa del Carmen, se observa al mismo sujeto salir sin la maleta color aluminio y también se ve Roberto Borge Martín, cuando desciende de la embarcación con un escolta a su lado.
Casi enseguida se suscita la explosión y seguidamente se mira al padre de Borge Angulo que se aposta en el muelle y observa tranquilo, sin que denote emoción alguna, como uno de sus barcos de altísimo valor es pasto de las llamas.
Media hora después de observar la conflagración, Borge Martín se retiró tranquilamente del lugar, para abordar un yate de lujo en ese mismo muelle, mientras que el sujeto de la valija se pierde rápidamente.
Las indagatorias, asentadas en la carpeta de investigación FED/QR/PC/0000140/2018, pondrían al descubierto también que la nave siniestrada contaba con un seguro de 4 millones de dólares, a cargo de Seguros BANORTE.
Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR declaró que se desechaban las versiones de un acto terrorista o de un ataque del crimen organizado y dejó en claro que todo apuntaba a un posible autoatentado.
Dicha hipótesis se fortalecería con las declaraciones de José Juan Martínez Zamudio, operador del ferry siniestrado, quien se recupera lenta y dolorosamente de las quemaduras en el 50% de la superficie corporal.
Martínez Zamudio dijo ignorar las causas del siniestro y confirmó la presencia de Roberto Borge Martín el día de los hechos y de un sujeto que subió junto con él a la nave. Detalló que ese día se hallaba en el lugar cuando de repente sintió la explosión, sin saber realmente qué había sucedido.
Desde la fecha del siniestro, Borge Martín, quien en 1994, estuvo preso por un fraude de 11 millones de pesos a Bancomer, se ha hecho ojo de hormiga, ni siquiera se le ha visto en algunos de los negocios que posee en Playa del Carmen.
Dentro de la casta Borgista, ha jugado un papel preponderante el patriarca Miguel Borge Martín, que gobernó Quintana Roo del 5 de abril de 1987 al 4 de abril de 1993 y quien llevó a su sobrino Roberto Borge Angulo a su gabinete, para nombrarlo secretario de Desarrollo Social a la edad de 23 años.
Miguel Borge se distinguió durante su mandato por ser un represor, hostigador y perseguidor de periodistas, incluso se vio inmiscuido en el asesinato de uno de los comunicadores quintanarroenses.
Fue acusado de haber presionado a directivos de periódicos para que despidieran a columnistas o reporteros que afectaran su imagen, así como de haber mandado secuestrar al cartonista Nicolás Lizama Cornelio —uno de cuyos autores materiales fue el ex policía judicial Luis Manuel Laguna Coral, según dijo, por órdenes de Borge Martín.
Se le señaló como autor intelectual del asesinato del Ignacio Mendoza Castillo, exdirector del diario La Voz del Caribe, quien mantenía un “autoexilio” en la Ciudad de México, desde hacía año y medio antes, luego de que fueran allanadas sus oficinas en el estado de Quintana Roo y amenazado de muerte.
El crimen se registró el viernes 13 de 1992, a las afueras del domicilio del comunicador, al sur del Distrito Federal, cuando regresaba de un plantón y de participar en una marcha organizada por una veintena de periodistas peninsulares, denominada “Del sur al centro en la defensa de la libertad de expresión”.
Ignacio regresaba a su casa, cuando un sicario que ya lo acechaba, le disparó por la espalda en tres ocasiones, para enseguida darse a la fuga.
Rodolfo Mendoza, hijo mayor de Ignacio Mendoza Castillo, acusó directamente al entonces gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge Martín, al que señaló como autor intelectual del crimen y responsable de la persecución contra toda su familia.
Informó que después de que la PGR ofreció garantizar la seguridad de todos los miembros de su familia, decidieron suspender el plantón que realizaban en el Zócalo, para así evitar mayores desgracias
No obstante, dijo que llevarían hasta las últimas consecuencias su lucha, “hasta lograr que Borge Martín, responsable intelectual de la muerte de mi padre, sea enviado a la cárcel”
Ante las imputaciones directas en su contra, el gobernador Miguel Borge Martín negó cualquier implicación de su gobierno en “tan lamentable suceso”
Ofreció su más “decidida colaboración” a las autoridades competentes (Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación), así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se realice una amplia y exhaustiva investigación que aclare y deslinde responsabilidades
Dijo que uno de los compromisos de su gobierno es salvaguardar las garantías a los comunicadores en beneficio de una sociedad que tiene derecho a estar bien informada, a través de noticias y opiniones que reflejen sin cortapisas de ninguna especie, la pluralidad del espacio social
“Soy el más interesado en que todo esto se aclare”, dijo Borge Martín en entrevista con Proceso “No sé por qué este enorme odio acendrado en mi contra Yo no hice nada contra Ignacio Mendoza, ni contra Lorenzo Pacheco González”, exdirector de Novedades de Quintana Roo y promotor de la marcha.
El rencor de García Lavín, afirma Borge Martín, se debe a la apertura del Diario de Quintana Roo, en el cual un hermano del mandatario participa como accionista Ese periódico, asegura, “se abrió antes de que se diera mi candidatura, y cuando ésta se produce, el diario Novedades decide no aceptar ni la convocatoria del partido, ni mis órdenes de inserción, a pesar de que todo era pagado En ese entonces, García Lavín me dijo que no me apoyaría, porque el nuevo periódico era mío y afectaba sus intereses Desde allí empezaron los ataques, y Pacheco González desvió el pleito con la empresa en algo personal”.
Cuenta que cuando Pacheco González llegó al grado de asegurar que las donaciones enviadas para los damnificados del huracán “Gilberto” se estaban desviando, “eso me disgustó y hablé con él; le reclamé su actitud y le pedí que me ayudara a unificar al estado en un momento en que los problemas ocasionados por el meteoro tenían a la entidad en lamentable situación La conversación subió de tono y llegó al grado de indicarme que él había abofeteado al ahora exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Ante esa amenaza, le respondí que no se le ocurriera hacer algo así en mi caso, porque tendría una respuesta inmediata”.
Dice el gobernador que no sabe en qué momento Pacheco González y el hoy asesinado Mendoza Castillo se unieron —éste último publicó incluso un libro que se llama: Las arbitrariedades de Borge Martín, enemigo número 1 de la prensa— “A Mendoza nunca lo conocí y mucho menos tuve nada en su contra” Señala que lo acusan del crimen porque Mendoza lo atacaba mucho, “pero la verdad es que su revista, La Voz del Caribe, nunca circuló formalmente y más bien la utilizó para presionar a mucha gente en Playa del Carmen”.
De acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, Mendoza Castillo estuvo involucrado en, por lo menos, siete averiguaciones previas, en dos de las cuales se le acusa de agiotista, allanamiento de morada, robo, amenazas, extorsión, fraude y amago con armas de fuego Su propia esposa, María García, lo acusó ante el Ministerio Público, el 10 de agosto de 1990, de malos tratos, adulterio y amenazas de muerte contra ella y uno de sus hermanos.
Mientras en Quintana Roo se manejan las más diversas hipótesis del crimen —como la del deudor ofendido, la esposa y su hermano agraviados, el gobernador resentido o algún enemigo de éste que busca crearle problemas—, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, aunque tiene un retrato hablado, dictámenes periciales y declaración de testigos, no ha podido establecer el móvil del crimen.
Sin embargo, el gremio periodístico, en el que se desenvolvía, marcó más sus diferencias al considerar la situación real de Mendoza Castillo, pues mientras una parte lo considera víctima del ejercicio de su profesión, otra lo cataloga como un individuo que la denigraba.
A raíz de dos atentados contra su persona y de uno de sus hijos, además del allanamiento de sus oficinas en Cancún, Mendoza Castillo decidió suspender la publicación y venir a México para denunciar la persecución de que era objeto por el gobierno de Borge Martín.
Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó constancia de las presiones de que era objeto...www.solqr.com.mx
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