* Edgar Méndez Montoya, otro eslabón para la cadena de corrupción de Borge Angulo
*PGR y fiscalía va tras él
*“Contratista favorito” de Borge Angulo, pieza clave para inculparlo.
*Prestanombres, empresas fantasmas, obras inexistentes.
*Borge le vendió terrenos en playas caribeñas a 50 centavos el metro.
*Sin dinero, accionista de hotel de 20 millones de dólares.
*A modestos empleados y humildes indígenas, los volvía magnates.
*Prófugo desde principios de año, le siguen los pasos.
*STAFF SOL QUINTANA ROO*
La Procuraduría General de la República, estrecha el cerco en torno a Édgar Manuel Méndez Montoya, prófugo desde principios de año. El empresario tabasqueño fue uno de los principales operadores financieros y prestanombres de Roberto Borge Angulo, actualmente preso y sujeto a proceso, por lo que las autoridades lo consideran pieza clave para complementar las acusaciones en contra del exgobernador de Quintana Roo.
Dentro de la extensa red de complicidades con la que contó el exgobernante, un promedio mínimo de 80 personas, figuraron no solamente colaboradores y servidores públicos de distintos niveles, sino también modestos empresarios que de la noche a la mañana se transformaron en magnates multimillonarios, luego que Borge Angulo asumiera la gubernatura.
Uno de ellos es sin duda Méndez Montoya, de quien se dice que durante la campaña de Borge Angulo fungió como responsable de la “administración de gastos” y al mes de que fuera ungido como gobernante, ganó millonarios concursos de obras públicas muchos sin licitación, al tiempo que utilizó a prestanombres para crear empresas fantasmas y saquear al estado.
En el pasado mes de diciembre le fue girada una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación 351/2017, relacionado con la venta de seis predios por los cuales pagó 11 millones 534 mil 699 pesos, cuyo valor real es de 189 millones 778 mil 340 pesos, además de la adquisición de un predio en Mahahual de 395 hectáreas en la zona de Xahuayxol, al ínfimo precio de 50 centavos el metro cuadrado.
Méndez Montoya recurrió a la protección del Poder Judicial de la Federación y le fue otorgada una suspensión provisional por un juez de amparo que evitaba fuera detenido, sin embargo al no depositar una fianza de 247 mil pesos, el titular del Juzgado IV de Distrito con sede en Cancún, dejó sin efecto la suspensión por lo que se convirtió en prófugo y puede ser detenido.
Uno de sus principales negocios para el desvió y blanqueo de capitales sucios, fue el consorcio, Grupo Desarrollador Rumega SA de CV., creado en mayo de 2011, a menos de un mes de la llegada del priísta a la gubernatura de Quintana Roo, y fue integrado por Andrés Maíz Arce, los hermanos Javier y Francisco Ruiz Anitúa, ambos con relaciones de compadrazgo con Roberto Borge Angulo y Javier Duarte de Ochoa y para no generar sospechas utilizaron a dos modestos empleados, Cristóbal Gaudiano y Raúl Gilberto Ramos Espinosa, como prestanombres.
Pero no sólo hubo un grupo, sino muchas otras empresas fantasmas para desviar recursos federales a obras inexistentes o para la contratación de servicios que no se acreditaron, entre ellas figuraron: Construcciones y Desarrollos Padrin y Playa Rent del Caribe, favorecidas con jugosos e ilegales contratos de obra pública por adjudicaciones directas, decididas fuera de la norma o mediante licitaciones carentes de transparencia, merced a los vínculos personales que tenía con ambos exmandatarios.
En Desarrollos Padrin, figuran como titulares los hermanos Pedro y Nicolás Álvarez Huet, dos humildes habitantes de una comunidad chiapaneca que carecen de recursos financieros y al menos durante nueve meses recibió 80 millones de pesos por la entrega de obras públicas sin licitar, pese a que sólo tenía dos empleados registrados y que su dirección legal era una casa abandonada en Chetumal.
Méndez Montoya aparece también como accionista de dos empresas asentadas en Cozumel y Playa del Carmen, Comercializadora Edme e Inmobiliaria Edme, todas constituidas ante el mismo notario público, Rubén Antonio Barahona.
Otras empresas que presentan irregularidades en su conformación y que son mencionadas en la denuncia contra Roberto Borge son Grupo Aviomar, Edificación y Señalización del Sureste, Construcciones y Urbanizaciones de la Rivera.
En la denuncia es nombrado, además de Méndez Montoya, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, quienes disfrutaron de los servicios de la aerolínea del gobierno estatal Vip Saesa, para su uso privado.
Méndez Montoya, quien había logrado mantenerse en el anonimato está a punto de hacerle compañía a su amigo, compañero de banca y protector, Roberto Borge Angulo, lo mismo que otros personajes que integraban el Grupo Cancún, conformado sólo por testaferros de los ex gobernadores de Quintana Roo y Veracruz.
Méndez Montoya, oriundo de Tabasco, logró colarse en el círculo íntimo de Borge Angulo a través de las conexiones que le dieron sus amistades regiomontanas que conoció en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde estudió junto con “Beto”, como él le llamaba.
La cercanía de Méndez Montoya con Borge Angulo, obedeció a que ambos egresaron del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Nuevo León, bajo la licenciatura de administración de empresas, con número de cédulas 5324629 y 3644441, respectivamente.
Actualmente, la PGR cuenta con una lista de 26 empresas “fantasmas” que de manera simultánea son también auditadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que se estableció que realizaron negocios no sólo con el gobierno de Quintana Roo, sino también de Tabasco y Yucatán.
Germán Garduza Linares, ligado estrechamente a Cristóbal Gaudiano, compadre y operador de Manuel Andrade, asesor de control de gastos de la campaña de Borge Angulo, fue operador de Méndez Montoya en Tabasco para beneficiar a Rumega.
La referida compañía, fue beneficiada con al menos 25 obras públicas, monopolizando las de infraestructura hidráulica y la construcción de dos CIPI (Centro Integral de la Primera Infancia) en Cancún y Chetumal de la Fundación “Alas”, presidida por la cantante Shakira, cuya inversión fue superior a los 34 millones de pesos.
También obtuvo la concesión para la modernización y ampliación del camino Escárcega-Chetumal, por un monto de 41 millones 969 mil 252 pesos y en materia educativa, “ganó” las licitaciones para construir un jardín de niños, una primaria y una secundaria por un valor cercano a los 30 millones de pesos.
La razón para que la empresa de Méndez Montoya resultara vencedora en la gran mayoría de las licitaciones del gobierno de Quintana Roo, era simple:
El mismo gobierno era quien le daba información privilegiada, para que pudiera anticiparse y elaborara, ventajosamente, las propuestas ganadoras que habrían de presentarse en los concursos de las licitaciones de los diversos proyectos de obra pública.
De esa manera, pudo lograr el más importante y polémico de todos los proyectos, como fue el “Auditorio del Bienestar”, la obra más importante del mandato de Borge Angulo, cuyo costo fue de 244.7 millones de pesos.
Su golpe maestro fue el conformar la sociedad Isla Cabañas SA de CV., con Juan González Angulo, tío del también exgobernador Félix Arturo González Canto, así como con Noemí Rodríguez Ramos, también investigada por la PGR por presunto lavado de dinero, a través de la compra del hotel Westin Cozumel, en la Isla de las Golondrinas, una obra magna de no menos de 20 millones de dólares.
El citado Hotel Westin Cozumel, es, sin duda, uno de los más grandes “lavaderos” de los exgobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, toda vez que se habla de una obra con un valor superior a los 360 millones de pesos.
El 10 de junio de 2014, Borge Angulo viajó a Cozumel para “apadrinar” la colocación de la primera piedra de la construcción del hotel, evento en el que estuvieron Luis Sierra Sauri, hijo de la exgobernadora Dulce María Sauri, y Juan González Angulo, tío de González Canto, en representación de los socios de Isla Cabañas que invertirían los 20 millones de dólares y, desde luego, Méndez Montoya, el principal protagonista que siempre había operado tras bambalinas.
En la escritura pública del 14 de diciembre de 2011, Édgar Manuel Méndez Montoya, junto con Juan González Angulo, como representante de los accionistas de Isla Cabañas, pagaron por el terreno donde se construiría el hotel, de 156 habitaciones de lujo, con vista al mar, piscina semi olímpica, alberca con agua de mar, dos restaurantes y tres bares, 109 millones 124 mil 800 pesos.
De acuerdo a indagatorias de la PGR, ni Méndez Montoya ni Juan González Angulo, contaban con ingresos como para construir un hotel de esas dimensiones, lo que los sitúa como carentes de solvencia económica, sin embargo no sólo aparecen en el caso del hotel Westin, sino también en muchos otros más.
El 3 de mayo del presente año, la Fiscalía General de Quintana Roo instruyó el aseguramiento de un folio electrónico con las propiedades de Édgar. El folio contiene documentación en la que transmite cinco propiedades a la empresa inmobiliaria EDME, también de su propiedad, cuyo representante legal es Germán Garatuza Linares, que también aparece como parte del Consejo de Administración de Isla Cabañas.
Antes de que se librara la orden de aprehensión contra Borge, Luis Alberto Sierra Sauri, los hermanos Juan y Raúl Omar González Angulo, así como Mauro González Méndez, vinculados familiarmente con González Canto, renunciaron súbitamente al Consejo de Administración de Isla Cabañas y se deslindaron del exgobernador.
En el acta de renuncia de los exmiembros del consejo, figura una cláusula que reza: “con la salida, se libra de toda responsabilidad contractual, civil, penal o de cualquier otra índole que pudiere corresponderles por cualquier acto u omisión en relación a la sociedad”.
No obstante, la PGR tiene en sus carpetas de investigación iniciadas por diferentes hechos, diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos notariados de compraventa y datos de prueba relacionados con los ingresos reportados ante el SAT, donde queda de relieve su falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que utilizaron fueron de procedencia ilícita.
Entre las pruebas con las que cuenta la PGR para acreditar la falta de solvencia de los inculpados, figuran los datos de ingresos reportados al SAT por Méndez Montoya, Juan González Angulo y Noemí Rodríguez Ramos, de los que se advierte que ninguno reporta ingresos como para llevar a cabo operaciones de la cuantía del referido hotel.
Dadas las relaciones de amistad, compadrazgo y parentesco de varios de los denunciados con los exgobernadores González canto y Borge Angulo, la institución federal dispuso la solicitud de las respectivas órdenes de aprehensión, figurando en primer término la de Édgar Manuel Méndez Montoya, en virtud de que era quien encabezaba lo mismo a la empresa Rumega, que al Grupo Cancún y a la sociedad Isla Cabañas, pues era el “contratista favorito de Beto”.
Ahora las autoridades, tanto federales como estatales, intercambian información y trabajan de manera conjunta para llevar a buen recaudo a Méndez Montoya, cuyo testimonio sería determinante para que el juez de la causa rinda un veredicto justo y severo.
