Chetumal, Quintana Roo, 04 de junio.- Con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades tomando en cuenta la preparación y méritos de trabajo de los servidores públicos, el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo A.C (Iapqroo) a solicitud del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA), presentará una propuesta para implementar el Servicio Civil de Carrera al interior de esa instancia.
Se trata de un esquema que busca la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública basado en el mérito y con la finalidad de apuntalar el desarrollo de la función pública en beneficio de la ciudadanía; de igual forma, pretende propiciar la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos y con ello incrementar los niveles de competitividad de las administraciones públicas.
Como parte de las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, los Tribunales de Justicia Administrativa deben contar con Servicios Civiles de Carrera para su personal administrativo. Para iniciar dicho procedimiento, el Iapqroo llevará a cabo un análisis de la estructura organizacional al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA).
Por consiguiente, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, ha dejado de manifiesto que en función de la naturaleza del órgano que le corresponde dirigir y del proceso mediante el cual los magistrados fueron electos mediante concurso público por el poder legislativo del estado, todos los integrantes de este tribunal están obligados a dar un ejemplo de que ya no es posible seguir manteniendo el sistema de botín político en nuestras instituciones, menos en aquellas que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por lo anterior, las personas deben acreditar con suficiente oportunidad y bajo procesos y procedimientos claros, su capacidad, conocimientos y habilidades propias del puesto que deba desempeñar y quienes ya se encuentren laborando en este tribunal están obligados a profesionalizarse constantemente y a mantener una ética en el Servicio Público alejada de toda discrecionalidad política en la toma de decisiones jurídicas y administrativas.