Por: FRANCISC0 R. ESPINOZA HERNÁNDEZ
Los políticos, lo sabemos, están enfocados en ganar elecciones. Aceptémoslo, no abundan los estadistas, abundan los políticos que solo piensan en las próximas elecciones, que nunca tienen en mente los derechos de las futuras generaciones, que toman sus decisiones basándose en criterios cortoplacistas.
¿Dónde deja esta configuración fallida de los sistemas políticos actuales a los derechos de las próximas generaciones? Decisiones como construir o no un aeropuerto, un ferrocarril, una refinería, una presa, un hotel, una autopista; subir, bajar o desaparecer determinados impuestos; subsidiar gasolina-.en fin un largo etcétera de decisiones de política pública con implicaciones para los ciudadanos que aún no nacen o están en la infancia.
En la economía, por ejemplo, existe el concepto de equidad intergeneracional para referirse al grado de responsabilidad para con las futuras generaciones, que deben tener los gobiernos al contratar deuda pública. Huelga decir que, por lo menos en México y sus gobiernos estatales, dicha equidad intergeneracional no ha pasado por las cabezas de los políticos que autorizaron que la deuda pública se incrementara escandalosamente en los últimos años, dejando a las futuras generaciones con una pesada carga financiera.
¿Qué podemos hacer? A qué transformaciones institucionales habría que diseñar para atender esta falencia de nuestras democracias? Pues ya algunos países han experimentado con la construcción de instituciones para atender este importante tema: en Gales ya existe una Comisión de Futuras Generaciones cuya tarea es garantizar que las instituciones públicas tomen sus decisiones basándose en un horizonte de 30 años al futuro; también Finlandia cuenta con un Comité parlamentario del Futuro que analiza las legislaciones que se emiten por el impacto que podrían tener en futuras generaciones Israel probó con un Defensor de Futuras Generaciones que lamentablemente no tuvo continuidad al considerarse que entorpecía la facilidad para emitir legislación.
En un estado como Quintana Roo -con una actividad económica preponderante como el turismo y con ecosistemas muy sensibles al cambio climático y la contaminación- no nos vendría mal una institución que estudiara el impacto el impacto de las decisiones públicas sobre las futuras generaciones. Quizá no de todas, pero sí las que tienen que ver con desarrollo urbano, con la política fiscal, con el cuidado de zonas costeras, lagunares y selváticas, los residuos sólidos, entre otras.
Una institución cuyos estudios o dictámenes no necesariamente sean vinculantes, pero que poco a poco se vaya forjando una autoridad y peso que le permita incidir efectivamente en el diseño de políticas públicas., Con la actual configuración y recursos con los que cuenta el Congreso del Estado, quizá una comisión parlamentaria no sería lo más efectivo.
Podría ser un esfuerzo interinstitucional entre las dos universidades públicas más importantes del Estado, como la Universidad de Quintana Roo y la del Caribe, con un Centro de Estudios del Futuro que continuamente estudiara la legislación y las decisiones de política pública que se pretendan implementar, con un equipo multidisciplinario de especialistas en economía, ciencia política, administración pública, género y medio ambiente. Con documentos de trabajo, análisis y, en su caso, dictámenes sobre proyectos de leyes y de proyectos de infraestructura, que por ley sean entregados al Poder Ejecutivo y al Legislativo; y que si bien no con carácter vinculatorio, sí sería obligación de los Poderes de responder a las objeciones que pudieran contener.
Actualmente, ya estamos sufriendo las consecuencias de decisiones tomadas -o que no se tomaron- hace muchos años, en materia de desarrollo urbano, de turismo, de manejo de residuos sólidos. No dejemos que pase lo mismo a nuestros hijos y a sus herederos.
