A pesar de que no existe ninguna prueba sobre los señalamientos, la madre de su ex pareja logró obtener una custodia temporal por 60 días mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
Con lágrimas en los ojos, Marlene Damián Fernández dice ser una más de las cientos de víctimas que viven las injusticias de un sistema corrompido por quienes tienen dinero para pagar y comprar a los funcionarios que deberían procurar la justicia y velar por el bienestar de los quintanarroenses.
“Yo digo que si hay dinero de por medio, porque eso no se puede hacer de un día para otro el quitarte a tu hijo, si así fuera yo creo que todos los abuelos se quedarían con sus nietos y eso no se puede, tiene que llevar un proceso yo digo que algo está mal que están pagando o le están metiendo mucho dinero para que no me hagan caso”.
Desesperada por ver y convivir nuevamente con su hijo, afirma que su ex pareja R. A. G. P y sus familiares en contubernio con las autoridades de la Secretaría de Educación (SEQ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) le arrebataron ilegalmente a su hijo a pese a estar en tratamiento médico.
La presunta agraviada narró que el padre nunca se ha interesado en el bienestar de su hijo, puesto que no aporta ni un solo peso para la manutención del menor, lo cual comprueba con la demanda que interpuesto desde hace un año por pensión alimenticia, sin embargo de manera sospecho no se ha procedido legalmente en su contra.
Tampoco procedió la demanda que interpuso en contra de su ex pareja por una brutal golpiza que le interpuso junto con una mujer a las afueras de la escuela de su hijo.
“A la hora de la investigación del señor me salen con que tengo una demanda y restricción y violencia y no me puedo acercar a mi hijo y que el DIF y la Fiscalía solicitaron que el niño se va a quedar y a mí no me notificaron”.
El menor R. G. D. de siete años convive los fines de semana con su papá y sus familiares, pero durante el pasado fin de semana no se le fue devuelto a la madre e incluso fue denunciada por presunta violencia familiar sin contar con ningún tipo de pruebas, lo que derivó en que se le ponga una orden de restricción a la propia madre para intentar retirarle la patria potestad.
Acusó que el director de la escuela primaria de Subteniente López, donde ella radica, se ha prestado para perjudicarle, pues le negó los documentos de su hijo aludiendo que se cambió de tutores, lo cual al final de cuentas tuvo que acceder luego de que le informara que interpondría una denuncia ante la SEQ.
“Le pedí una constancia (al director) para llevar al juez y pueda recuperar a mi hijo pero me dijo que ya había cambiado la custodia, aun cuando eso le corresponde a un juez y su actuación es un delito”.
El menor de tan solo 7 años de edad padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) pero no ha recibido su tratamiento médico desde hace varios días, pues los familiares de su ex pareja desconocen de su padecimiento.
De manera desesperada ha recurrido ante el DIF y la FGE, en donde simplemente le ha dicho que no se puede hacer nada y que tiene que esperar a que concluya el proceso en su contra que dura aproximadamente 50 días, esto a pesar de no existir pruebas sobre las acusaciones.
Actualmente recibe asesoría jurídica de un abogado que contrario, luego de que no recibiera atención alguna sobre su caso y sobre todo porque en la FGE le negaron interponer su denuncia por el hecho de arrebatarle a su hijo y por los posibles actos de corrupción que existe al interior de la Fiscalía General del Estado.
