SIN RECLAMAR 451 CAJAS DE SEGURIDAD*

*A través de terceras personas, en algunos casos de familiares, mediante carta poder, han intentado recuperar sus cajas pero sin dar la cara.

*Guarida de malhechores donde ocultaron el producto de sus ilícitos.

*Millones en euros, dólares, pesos, droga, armas, títulos de propiedad.

*Su reclamo evidenciaría actividades criminales.

*Nombres ficticios o prestanombres encubren a políticos corruptos.

*STAFF SOL QUINTANA ROO*

CANCÚN.-El pasado 9 de julio se cumplieron nueve meses del aseguramiento de mil 540 cajas de la empresa Firts National Security; a la fecha han sido reclamadas mil 89, el resto permanece en la Subdelegación de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo. En los últimos 30 días, fueron devueltas 19 cajas más, cuyos propietarios, de manera personal, pudieron acreditar la legítima propiedad de sus valores y, sobre todo, que no fueran productor de actividades ilícitas.

La confiscación, de acuerdo a la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), se basó en la presunción razonable de que algunos de los depósitos fueron de dudosa procedencia o resultado de actos de corrupción, sin embargo los dueños del contenido diverso de esas cajas que no estuvieran involucrados en actos ilegales, tienen todo el derecho de recuperarlos, al presentar la documentación correspondiente que acredite su legítima propiedad.

Al respecto, las 19 personas, cuya identidad se reserva la SEIDO por la secrecía de la investigación que aún está en curso, pero a las que Sol Quintana Roo tuvo acceso, a las que les fueron devueltas sus pertenencias, pudieron presentar la documentación que acreditó su propiedad y que las desligó de cualquier acto presumiblemente ilícito.

Trascendió también que se han dado casos que algunos propietarios de las cajas que permanecen en poder de la PGR, han pretendido recuperarlas a través de terceras personas, en algunos casos de familiares, mediante carta poder, pero en ninguno de los casos ha procedido el pedimento, toda vez que debe de ser el interesado, de manera personal, quien lleve a cabo el procedimiento.

El aseguramiento de las cajas, tuvo su origen en la detención de Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”, ocurrida el 10 de agosto de 2017. La mujer era agente de la desaparecida Policía Judicial Federal que se convirtió en la jefa del Cártel de Cancún y
el producto de sus fechorías era guardado en la referida empresa de valores.

Tras su declaración ministerial se conoció la existencia de dos cajas de valores, por lo que se integró la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000740/2017 y se procedió a la requisa de las dos cajas el 9 de octubre.

En el transcurso de las investigaciones se descubrió que otras dos cajas eran de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Roberto Borge Angulo. En ellas, la única persona que aparecía como beneficiaria era Mariana Zorrilla Erales, ex esposa del ex mandatario quintanarroense y quien ocupara el cargo de presidenta del DIF.

En las cuatro cajas de encontraron joyas, barras de oro, colecciones de relojes de oro, droga y millonarias cantidades de dinero en pesos, dólares y euros, así como documentos con nombres de personajes ligados al ex gobernador Roberto Borge Angulo, en el saqueo al estados e indicios de los nexos de “Doña Lety” con ex funcionarios borgistas.

Ello determinó que un juez penal otorgara diversas órdenes de cateo en la misma empresa y de esa manera, el 21 de ese mismo mes se procedió a asegurar las otras mil 536 cajas, al estimar una posible relación de varios ahorradores más con el ex mandatario y con la narcotraficante.

Entre quienes aparecieron como dueños de algunas cajas, figuraron lo mismo familiares, ex colaboradores, políticos, escoltas, choferes, amigos y empresarios que, de una u otra manera estuvieron vinculados al ex mandatario estatal o a la narcotraficante.

Tras las protestas de ahorradores honestos que exigieron la devolución de su dinero u objetos, el 16 de noviembre comenzó la entrega que se prolongó hasta el 6 de diciembre, lapso en el que fueron devueltas a sus propietario mil 70 cajas. A partir de esa fecha no hubo ningún movimiento y se dispuso que las 470 cajas no reclamadas fueran llevadas a la subdelegación de la PGR y se determinó el 16 de diciembre suspender la entrega.

Si bien por la secrecía de la averiguación la PGR no han dado a conocer, de manera oficial, los nombres de los ahorradores, fuentes de la SEIDO confiaron a Sol Quintana Roo varios de ellos quienes habían contratado los servicios de la empresa de seguridad y que optaron por no reclamarlas ante el temor de ser ligados al crimen organizado, entre ellos figuran:

Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, Marciano Toledo Sánchez y su hijo José Luis Toledo Medina, “Chanito”; Gabriela Medrano Galindo y su hermana Jeannina Medrano, Remberto Estrada Barba, Fabián Enrique Vallado Fernández, Roberto Borge Martin, padre del ex mandatario; César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge; Ángel Tapia Chávez, Gaspar García Torres, ex procurador y José Guillermo Abdelnur Vanegas, entre otros.

Dos de esos ahorradores guardan especial importancia: el ex presidente municipal de Benito Juárez (Cancún) Paul Michel Carrillo de Cáceres y Enrique Alejandro de la Cruz Palacios Pineda, ex subsecretario del Trabajo en la Zona Norte de la entidad.

Estos dos personajes, como no podían reclamar de manera personal sus cajas, enviaron a familiares y allegados a reclamar los depósitos. El ex edil de Cancún mandó a su hermana Thally Carrillo de Cáceres y el ex subsecretario, a su madre, la señora Rosa Nelly Pineda.

Se dijo que en una de las cinco cajas que poseía el ex munícipe cancunense, se hallaron 12 millones de dólares además de joyas de altísimo valor, acciones de diversas empresas, cuentas bancarlas e incluso una lista con nombres de algunas personas que fungieron como prestanombres.

En esas cajas se hallan cientos de millones de pesos que seguramente no serán reclamados, ya que es un hecho que sus poseedores no podrán acreditar el origen legal de esos bienes muchos provenientes del erario, de empresarios que en realidad operaban como “lavadores” de dinero e incluso del crimen organizado.