Chetumal, Quintana Roo. - La XV Legislatura dio entrada a una
iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, para establecer a la
Consejería Jurídica como una dependencia asignándole atribuciones y
obligaciones a desarrollar en conjunto con la administración pública
central y descentralizada.
En la
sesión ordinaria número 24, presidida por el diputado Fernando Zelaya
Espinoza, el Pleno del Congreso del Estado turnó a las comisiones
correspondientes la iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado.
En la exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo señala la necesidad de redistribuir y desconcentrar algunas de las atribuciones reservadas al Gobernador del Estado hacia las atribuciones de los titulares de las dependencias de la administración pública estatal para la elaboración, firma y emisión, entre otros, de convenios de desarrollo social y humano, de coordinación, de colaboración o de
concertación, organigramas, manuales de servicios, organización y funcionamiento, así como otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia.
En la misma sesión, la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, presentó una iniciativa Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes en el Estado de Quintana Roo.
La propuesta tiene como finalidad desarrollar nuevas soluciones políticas y perspectivas para una mejor gestión de la migración laboral y de los flujos de trabajadores migrantes en nuestro estado, mediante actividades de concienciación y de difusión de información destinadas a los migrantes, para impedir la migración irregular, la explotación en el trabajo y la desinformación de los trabajadores migrantes.
Además, el Pleno aprobó un acuerdo mediante el cual la XV Legislatura informa al H. Congreso de la Unión, que ha expedido la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, en concordancia con la Ley General y tomando en consideración la colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Finalmente, el Congreso determinó sin materia varios acuerdos remitidos por el Senado de la República y las legislaturas de los estados de México y Chihuahua.
En la exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo señala la necesidad de redistribuir y desconcentrar algunas de las atribuciones reservadas al Gobernador del Estado hacia las atribuciones de los titulares de las dependencias de la administración pública estatal para la elaboración, firma y emisión, entre otros, de convenios de desarrollo social y humano, de coordinación, de colaboración o de
concertación, organigramas, manuales de servicios, organización y funcionamiento, así como otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia.
En la misma sesión, la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, presentó una iniciativa Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes en el Estado de Quintana Roo.
La propuesta tiene como finalidad desarrollar nuevas soluciones políticas y perspectivas para una mejor gestión de la migración laboral y de los flujos de trabajadores migrantes en nuestro estado, mediante actividades de concienciación y de difusión de información destinadas a los migrantes, para impedir la migración irregular, la explotación en el trabajo y la desinformación de los trabajadores migrantes.
Además, el Pleno aprobó un acuerdo mediante el cual la XV Legislatura informa al H. Congreso de la Unión, que ha expedido la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, en concordancia con la Ley General y tomando en consideración la colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Finalmente, el Congreso determinó sin materia varios acuerdos remitidos por el Senado de la República y las legislaturas de los estados de México y Chihuahua.
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