Diputados de la XV Legislatura del estado
solicitaron al titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte
(SINTRA), Jorge Alberto Portilla Manica, redoblar esfuerzos para la mejora de
resultados en esa dependencia, pues, aunque hay avances notorios en el
reordenamiento, aún hay demandas de la ciudadanía que atender.
El funcionario expuso ante los legisladores las condiciones en las que
asumió la responsabilidad al frente de la Secretaría y dijo que se encontraba
llena de irregularidades, deficiencias, duplicidad de funciones y opacidad.
Al comparecer ante diputados como parte de la glosa del Primer Informe de
Gobierno del Ejecutivo, dijo que a partir de este gobierno se inició un
reordenamiento de SINTRA basado en la transparencia.
Ante los legisladores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, encabezada por su presidente el diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza, el funcionario hizo una descripción de cómo encontraron la
dependencia y presentó una lista de todas las deficiencias:
Trámites y servicios sin atención homogénea; expedientes de concesiones incompletos
y no debidamente concentrados; exceso de la facultad discrecional y falta de
transparencia en el otorgamiento de concesiones para el transporte público.
También denunció el hallazgo de contratos de renta de maquinaria que fueron
pagados sin que conste la prestación del servicio; obras y acciones pagadas no
ejecutadas, así como acciones realizadas sin autorización de recursos, además
de limitada supervisión de las obras y acciones, así como carencia de su
control.
Portilla Manica informó que se han integrado manuales de procedimiento, se
ha instalado sistema de video vigilancia para combatir la corrupción, se
instaló la Ventanilla Única para realizar trámites y se inició una integración
de expedientes para su digitalización, además de que se terminó con la
discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones de transporte público. Dijo
que también se trabaja en una propuesta de la Ley de Movilidad y Transporte.
El presidente de la Comisión, Fernando Zelaya y el diputado Eduardo
Martínez Arcila, pidieron información sobre la remodelación de la avenida
Héroes, pues se denunció que se había realizado con materiales deficientes o
que estaba inconclusa, a lo que el secretario respondió que se buscó reparar
las fallas, mientras que sobre el estatus de la megaescultura –en Chetumal-, se
habló con la empresa responsable de la obra y se acordó que terminaran los
trabajos, pues el contrato ya se había pagado en su totalidad.
El diputado José de la Peña planteó su preocupación por la saturación
vehicular y el tráfico generado en zonas como Cancún a lo que Portilla Manica
dijo que es un tema que ya se revisa para atacar con medidas ecológicas y
alternativas de movilidad.
Sin embargo, el Presidente del Congreso, Martínez Arcila, pidió ordenar el
transporte público y obligarlo a respetar la ley, “Uber es ilegal porque la ley
claramente lo prohíbe, pero los taxis suben a más de 3 pasajeros y la ley lo
prohíbe, los microbuses suben a más de 20 pasajeros y la ley también lo
prohíbe. Entonces, son casos de ilegalidad. Por eso existe la percepción de que
no se está midiendo con la misma vara”, añadió.
El diputado José Esquivel planteó su preocupación por la proliferación de
mototaxis en diferentes puntos de la entidad, concretamente en el municipio de
Felipe Carrillo Puerto, a lo que el subsecretario Alejandro Ramos dijo que los
mototaxis se encuentran en un régimen tolerado, pues surgen de la necesidad de
poder transportarse en las zonas donde no accede el transporte público
regulado.
El diputado Juan Carlos Pereyra Escudero denunció varios hechos como la
falta de luz en zonas de mucho tránsito vehicular y peatonal como Tulum; la
necesidad de carretera de 4 carriles; la construcción de ciclovías o la falta
de infraestructura para servicios en Holbox o proyectos en Bacalar.
El funcionario explicó que son temas que de manera gradual se han ido
atendiendo en coordinación con la SCT y los trabajos de mantenimiento también
dependen del acceso a los recursos públicos. “Estamos planeado modernizar las
vías de comunicación”, dijo el secretario.
La diputada Candy Ayuso preguntó sobre los criterios y demandas para la
construcción de domos a lo que Portilla Manica dijo que se debe buscar apoyo de
recursos federales para ello; sobre el Centro de Alto Rendimiento, indicó que
no estaba cuidado ni atendido por ello se está a la espera de los recursos de
la segunda y tercera etapa para ponerlo en marcha.
La diputada Eugenia Solís Salazar demandó poner orden en el tema de las
grúas debido a las quejas por abusos que se registran. “Estamos preocupados y
ocupados por el comportamiento de los servidores públicos, sobre todo de los
que están bajo mi cargo. Hemos despido a 12 inspectores y estamos trabajando
con cinco. Vamos a contratar a mujeres, porque las considero menos susceptibles
a la corrupción. Estamos trabajado en la retabulación de multas”, dijo el
secretario.
Además, añadió: “El trabajo de SINTRA no es andar multando gente, pero
tenemos que aplicar las leyes vigentes, las cuales no hicimos nosotros. Quienes
se sientan afectados que toquen las puertas de la oficina” y de las grúas dijo
que es algo urgente de atacar, mientras que el subsecretario Alejandro Ramos
Hernández reconoció que en Quintana Roo no hay un tarifario de grúas, lo cual
permitió cobros a discreción anteriormente.
La diputada Leslie Hendricks pidió se revisen las normas sobre impuestos en
materia de transporte porque se genera una doble retribución, mientras la
diputada Laura Beristain demandó dar mantenimiento a las carreteras donde hace
falta señalización lo que pone en peligro la vida de las personas. La diputada
Mayuli Martínez Simón demandó transparencia en el trabajo de la dependencia,
pues la sociedad quedó muy lastimada con la pasada administración. Portilla
Manica dijo que se trabaja ahora con un espíritu distinto.
El diputado Emiliano Ramos pidió información sobre los proyectos de obras
puestas en marcha, a lo que el secretario dijo que el 90 por ciento de las
empresas contratadas para ellas son de Quintana Roo. En el caso del servicio de
transporte privado Uber, se insistió por parte de la dependencia de que es un
servicio no regulado por lo que se han generado multas que van de 400 a 800 UMA
lo que equivale a unos 123 millones de pesos.
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